Rafael Ruiz Gallardón

En tiempos de Maricastaña, mil trescientos años antes de Cristo, aproximadamente, al terminar la Edad del Bronce, y comenzando la Edad del Hierro, más o menos cuando los Aqueos destruyeron la ciudad de Troya, los egipcios, que se consideraban a sí mismos como los hombres civilizados primigenios, empezaron a pasar grandes períodos, incluso siglos, de convulsiones, unas veces por las crueles tiranías de sus reyes nativos, otras por las de los invasores etíopes, y otras por la ausencia de cualquier autoridad y las luchas intestinas, y, hartos de su situación, llegaron al acuerdo de aceptar la monarquía de los faraones, pero sometidos éstos a leyes rigurosas que debían cumplir a rajatabla, tanto en su vida pública, como en la privada, regulándo el momento de levantarse, el de oración y horario de trabajo, la dieta, la vida sexual y sus deberes familiares y religiosos.

Existían leyes justas, que impedían la incertidumbre y los juicios dependientes de la soberbia, intereses o sometimiento y venalidad de los jueces. Dice Diodoro Sículo, que “siendo castigados los transgresores de la Ley y obteniendo ayuda los perjudicados, habría mejor corrección de las faltas; pero si el miedo de los transgresores de la Ley se desviara con dinero o favores, sería la ruina de la vida en común”. Los egipcios elegían para jueces a los mejores hombres de las ciudades más ilustres (Heliópolis, Tebas y Menfis), treinta en total, y éstos nombraban un juez jefe, y la ciudad de la que éste procedía, enviaba otro juez más.

El Faraón subvenía las necesidades de los jueces. Todas las Leyes estaban escritas en ocho libros. Los juicios comenzaban con la reunión del Tribunal, colocándose el Juez Jefe en el cuello una figura de lapislázuli con una cadena de oro, imagen de la Verdad. Los procedimientos eran escritos, sin contactos personales con partes y abogados, para salvaguardar la objetividad y los hechos desnudos, facilitando el tiempo necesario para el conocimiento de todo por todos, y la reflexión de las alegaciones y la sentencia.

El perjurio se consideraba el delito más grave, sancionado con la muerte, porque suponía la comisión de otros dos: no respetar a los dioses y destruir la confianza entre los hombres. El perjurio era, pura y simplemente mentir. No defender a las víctimas, pudiendo hacerlo, también estaba condenado con la muerte, y no perseguir a los malhechores, o protegerlos de cualquier manera, suponía la pena de azotes, en la que fácilmente moría el azotado.

En fin, quiero decir que en los tiempos de Maricastaña, no había lugar para tantos crímenes y criminales que ahora padecemos.