Rafael Ruiz Gallardón

 

 

 

INDEPENDENCIAS.

 

 

El Estado no puede impedir la existencia de personas que hayan decidido no ser españoles, pero el Estado puede, y debe, exigir que en todo el territorio español se apliquen sus leyes, y actúen sus instituciones, y no otras. Es lo que se llama “soberanía”.

 

Pero las cosas no son así, porque, quien debe impedir saltarse a la torera el estado de derecho español, no lo hace y, a veces, se pone muy contento y aprovecha para jalear y apoyar los ataques a la convivencia de los ciudadanos. Es lo que se llama “nacionalismo independentista o radical”.

 

Hay dos situaciones, en la actualidad de España, que parecen ir contra el sentido común: Primera, presidentes y vicepresidentes de autonomías, que son parte del Estado, están haciendo  todo lo posible para acabar con la soberanía del Estado Español. Tales sujetos son lo que son porque son españoles, no extraterrestres, aunque lo parecen. Segunda, el Gobierno del Estado Español mira para otro lado, en aras, quizá, de una prudencia, o, quizá, también, de un interés particular o de partido.

 

La debilidad, mala fe, o errores de los dirigentes son causa de la decadencia del interés común. Los dirigentes que padecen tales defectos incurren en incapacidad para continuar y se impone, como obligación ineludible del cuerpo social, la sustitución y exigir la responsabilidad legal por sus actos.

 

Si un político hético, devorado por la locura, o craso, impotente para dominar su necedad, declaran engolada y públicamente las cosas que estamos oyendo, lo normal, lo lógico es que dejen inmediatamente sus bien remunerados cargos y se sometan, como cualquier ciudadano, a los tribunales. Es obligación del Gobierno, del Fiscal General y de cualquier Institución restaurar el orden antijurídicamente perturbado.

 

Hay que decirlo, pero, si no hay respuesta del Ejecutivo, Legislativo y Judicial, el tema es responsabilidad de la institución que personifica la soberanía nacional, es decir, la Corona. Lo que ocurre es mucho más grave que el 23-F y el terrorismo homicida, la agitación callejera y la extorsión económica lo certifican.