Rafael Ruiz Gallardón

¡PROHIBIDO QUERELLARSE!.

 

 

Nadie lo sabía, pero la libertad de expresión incluye la prohibición de un político, o de cualquier ciudadano, de acudir a los tribunales si se considera insultado, injuriado, desacreditado, amenazado o coaccionado por un periodista, según la Conferencia Episcopal ( Amigo, cardenal), la COPE, Jiménez Losantos, Pedro J. Ramírez, tertulianos a sueldo y El Mundo.

 

Es más, la libertad de expresión incluye el derecho del susodicho periodista a ¿descalificar? a cualquier político que cite como testigo para salir indemne en un juicio. Por lo visto, la libertad de expresión es, también, una inmunidad que no necesita reconocimiento legal. Todos somos iguales ante la Ley, salvo los periodistas.

 

Los periodistas juegan al pim, pam, pum, con los derechos de las personas, sean o no políticos, y, en lugar de emborracharse con calimocho, lo hacen poniendo verde a quien les parece, sin límites, ni responsabilidad. Son la versión actual de los sicofantas atenienses que consiguieron que el Tribunal condenase a muerte a Sócrates, el único ciudadano ejemplar que produjo la Atenas de finales del Siglo V antes de Cristo.

 

Lo que ocurre hoy siempre es una copia de lo que ha ocurrido antes: las tertulias derivan en las más viles acusaciones de ausentes indefensos, como denunció Sócrates hace más de dos mil cuatrocientos años.

 

Noble y valiente empresa es denigrar a quien no está presente, aunque parece, más bien, una agravante del delito, por la cobardía de quien lo comete.