Rafael Ruiz Gallardón

LA SENTENCIA DEL SUPREMO.

 

 

La primera obligación del Estado es garantizar la vida, integridad, libertad y seguridad de los ciudadanos. Cuando esto no ocurre, nace la responsabilidad de quienes ocupan el poder, la oposición y las instituciones. Ningún asunto se termina mientras no se cumpla  esto, que es la razón de ser misma del Estado.

 

Ni en el sumario, ni en las sentencias existen mínimos sobre los siguientes puntos:

1º.- El Gobierno de marzo, en especial su Presidente y su Ministro del Interior, no impidieron el atentado.

2º.- La Oposición, empezando por el PSOE, no se comportó como exigían las circunstancias.

3º.- El Parlamento omitió el verdadero examen de lo ocurrido.

4º.- Los órganos judiciales instructores, los sentenciadores, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, y los medios de comunicación no han impulsado la determinación, indagación, aclaración y persecución de los hechos históricos.

 

No se comprenden las declaraciones de que éste es un litigio al que se ha puesto fin, especialmente por parte del señor Blanco, la señora de la Vega y el señor Cháves. Ninguna razón las justifica, salvo, naturalmente, el impúdico deseo de olvidar.

 

La responsabilidad se extingue cuando “cada uno recibe lo suyo”. Hasta entonces la responsabilidad vive y es exigible.