Rafael Ruiz Gallardón

LEYES Y LIBERTAD.

 

 

El anuncio de una ley para prohibir la huelga a los jueces plantea una cuestión superior: no toda ley es legítima, y, cuando se pone al servicio de los criterios particulares de un gobierno, puede acabar con la libertad de los ciudadanos, asunto serio y que no admite componendas. Quien se permite el lujo de amenazar con la promulgación de nuevas leyes, es un tirano, en el sentido más propio.

 

En éste, y en otros muchos estados, sobran leyes y faltan legisladores verdaderos. Cualquier ocurrencia producto de la rabia, de la incompetencia, o de un espíritu corrompido, cualquier disparate jurídico, cualquier aberración moral puede convertirse en ley, si hay una mayoría en el Congreso, y, además, ser refrendada y aplicada por los tribunales, desde el Constitucional hasta el último de los jueces suplentes, dejando indefensos a los ciudadanos.

 

Como esto es así, como impunemente se trata de prohibir las huelgas judiciales, despenalizar el crimen del aborto, prohibir la objeción de conciencia, permitir el asalto separatista, y propiciar actuaciones sectarias y secretas de jueces, fiscalías, ministros y policías, hay que advertir que estamos ante los últimos asaltos contra la libertad ciudadana, no solo ante diversiones cinegéticas, broncas públicas de vicepresidenta del gobierno a presidenta del tribunal constitucional, sentencias laberínticas, ni de progresismos de Dª. Aído, etc...

 

Un buen programa electoral debería incluir un catálogo de derogaciones legislativas necesarias, y de límites al poder legislativo. También se esclaviza con leyes.